La derogación del decreto ómnibus aprobada por el Congreso no ha sido un mero episodio parlamentario. Su rechazo ha tenido un impacto inmediato en el sistema fiscal y ha abierto un escenario de inseguridad jurídica que afecta de lleno a autónomos, propietarios de viviendas y contribuyentes que contaban con una serie de incentivos ya interiorizados en su planificación económica.
El texto, publicado en el BOE el pasado 23 de diciembre, incluía desde la revalorización de las pensiones hasta medidas sociales de alto voltaje político. Pero entre sus páginas también se escondía una batería de disposiciones fiscales que ahora quedan anuladas, justo cuando la campaña de la Renta está a la vuelta de la esquina.
Uno de los efectos más inmediatos de la caída del decreto es el golpe al colectivo de autónomos. La norma prorrogaba para 2026 los límites ampliados del sistema de módulos. Al decaer, vuelven a aplicarse los umbrales generales del IRPF, mucho más restrictivos.
Esto implica que miles de autónomos deberán abandonar la estimación objetiva y pasar a estimación directa, con mayores obligaciones contables y, en muchos casos, una factura fiscal más elevada. La situación recuerda a lo ocurrido el año pasado, cuando una prórroga similar quedó en el aire hasta que la Agencia Tributaria tuvo que aclarar el criterio a posteriori.
La derogación del decreto también tiene consecuencias directas para los propietarios de viviendas no alquiladas. El texto mantenía el tipo reducido del 1,1 % en la imputación de rentas inmobiliarias. Sin esa prórroga, se recupera el tipo general del 2 %.
El cambio se notará ya en la próxima declaración de la Renta y supone un incremento automático de la carga fiscal, en pleno debate sobre la vivienda y la fiscalidad del patrimonio inmobiliario.
Otro de los efectos de la caída del decreto afecta al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal). La norma actualizaba los coeficientes aplicables, encareciendo fiscalmente las transmisiones a corto plazo y suavizando las de largo recorrido.
Al quedar sin efecto, los ayuntamientos deberán seguir aplicando los coeficientes anteriores, alterando las previsiones fiscales de compraventas, herencias y donaciones previstas para los próximos meses.
La derogación del decreto ómnibus también supone un retroceso en los incentivos fiscales vinculados a la transición energética. Desaparece la deducción en el IRPF por la compra de vehículos eléctricos enchufables, así como la deducción por la instalación de puntos de recarga.
A ello se suma la caída de las deducciones por obras de mejora de la eficiencia energética, tanto en viviendas individuales como en comunidades de propietarios, con incentivos que podían alcanzar hasta el 60 % del coste de la reforma.
Aunque no dependía directamente del decreto, su caída no evita que se consolide otra medida con impacto social: las personas que hayan cobrado prestaciones o subsidios por desempleo en 2025 estarán obligadas a presentar la declaración de la Renta, con independencia de sus ingresos.
El resultado será un aumento significativo del número de declarantes en una campaña ya marcada por cambios normativos relevantes.
Más allá de cada medida concreta, la consecuencia más relevante de la caída del decreto ómnibus es la inseguridad jurídica. La fiscalidad vuelve a cambiar por la vía del bloqueo parlamentario, obligando a contribuyentes y asesores a rehacer cálculos con reglas distintas a las previstas hace apenas semanas.
El Gobierno podría intentar reintroducir parte de estas medidas en nuevas normas, pero mientras tanto el efecto es claro: la planificación fiscal para 2026 se complica y, para muchos ciudadanos, la factura tributaria será mayor de lo esperado.
En materia fiscal, la caída de una norma nunca es neutra. Tiene efectos reales, inmediatos y cuantificables. Y esta vez, el decreto ómnibus se ha llevado consigo más de un incentivo que ya se daba por hecho.
